Hay una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad: ¿cuándo fue la última vez que un escándalo de corrupción te indignó de verdad, durante más de dos días? No me refiero a la molestia pasajera del scroll en Twitter. Me refiero a indignación sostenida, a la clase de enojo que hace que la gente salga a la calle o que exija consecuencias reales. Si te cuesta recordarlo, no es señal de que seas apático. Es la primera pista de que algo en el ambiente político ha cambiado de manera profunda.
Esta especie de anestesia colectiva no es un fenómeno casual ni el resultado inevitable del cansancio ciudadano. Tiene una estructura. Y entenderla no requiere creer en conspiraciones de manual: basta con observar los patrones, los efectos y los incentivos que sostienen el sistema político mexicano actual.
Lo que sigue no es un ataque a Morena ni una defensa de la oposición. Es un intento de leer el tablero con algo de distancia. Para eso, vale la pena tomar prestadas algunas herramientas de la sociología política, la psicología del comportamiento y la teoría de juegos, no para probar que existe un plan maestro calculado en algún cuarto de guerra, sino para identificar los mecanismos que producen los resultados que vemos.
I. La Ventana de Overton: cómo lo impensable se vuelve rutina
En sociología política existe un concepto llamado “Ventana de Overton”, formulado en los años noventa por el analista Joseph Overton para describir por qué ciertas ideas políticas prosperan mientras otras mueren antes de debatirse. Define el rango de ideas que una sociedad considera aceptables en un momento dado. Lo importante del concepto no es la ventana en sí, sino que no es fija: se puede mover. Si un actor político quiere implementar una medida que hoy parece radical, una estrategia efectiva no es imponerla de golpe, sino saturar el discurso público con propuestas aún más extremas, hasta que la medida original quede como un “mal menor” o una solución razonable.
El proceso no requiere coordinación central ni diseño explícito. Puede ocurrir por acumulación: declaraciones diarias, repetición de marcos discursivos, fatiga ciudadana ante la intensidad del debate. El efecto, sin embargo, es el mismo: la normalización gradual de lo que antes era impensable.
El caso más claro en el México reciente es la militarización. En 2018, la idea de que las Fuerzas Armadas administraran aduanas, puertos, aeropuertos, megaobras de infraestructura y la seguridad pública no era solo controversial: era directamente contraria a los principios históricos de la izquierda mexicana, cuyo reclamo durante décadas fue precisamente regresar al ejército a los cuarteles, tras los abusos documentados en la llamada “Guerra contra el Narco”.
Hoy esa discusión ya no genera el mismo nivel de alarma. Que un general administre un aeropuerto comercial o maneje el presupuesto de obras públicas se ha instalado como una realidad de fondo, casi sin debate. La exposición sostenida al argumento, acompañada de un escenario presentado como catastrófico (“las instituciones civiles estaban completamente corrompidas”), fue moviendo los límites de lo debatible hasta que la medida quedó dentro de ellos.
Algo similar ocurrió con los contrapesos democráticos. Plantear la sustitución del árbitro electoral autónomo o la transformación radical del Poder Judicial era, hasta hace pocos años, territorio de la distopía política. La insistencia en el relato de que estas instituciones eran “nidos de privilegio y conservadurismo” fue desplazando ese límite, hasta que las reformas llegaron como política pública y reforma constitucional. Se puede estar a favor o en contra de cada decisión específica; lo relevante aquí es el mecanismo por el que el marco de lo aceptable se redefinió.
II. La estética de la austeridad: ¿quién pertenece a “el pueblo”?
Uno de los recursos más antiguos del populismo es la narrativa de “nosotros contra ellos”. Los politólogos Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser la describen como el núcleo de toda política populista: la sociedad se divide entre “el pueblo puro” y “la élite corrupta”, y el líder encarna al primero mientras combate a la segunda. El líder debe convencer a su base de que, sin importar cuánto poder acumule, sigue siendo parte del bando de los oprimidos.
Lo que distingue al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador es la sofisticación con la que sostuvo esa narrativa incluso desde el ejercicio del poder total. Morena controla hoy la presidencia de la República, la mayoría de las gubernaturas y tiene mayorías aplastantes en el Congreso. Administra un presupuesto de billones de pesos y comanda las Fuerzas Armadas. Por cualquier definición objetiva, es el sistema.
Y sin embargo, mantiene con eficacia la retórica de la insurgencia. Comer en fondas de carretera, usar guayabera, criticar los posgrados en el extranjero, hablar pausado y coloquial: son señales culturales diseñadas para comunicar una idea sencilla a la base votante. “A pesar de estar en el Palacio Nacional, yo sigo siendo como tú.” El contraste con la imagen del “fifí” o del aspiracionista refuerza la identidad de grupo y, sobre todo, activa el escudo más valioso de cualquier gobierno: la lealtad que no se mide en resultados, sino en pertenencia.
Este escudo tiene consecuencias prácticas evidentes. Explica, en parte, por qué escándalos que en otro contexto hubieran tenido costos políticos severos, como el caso de la “Casa Gris” de Houston, la debacle de Segalmex o los fracasos documentados en seguridad y salud pública, no produjeron el tipo de desgaste que producirían en un sistema sin esa cobertura identitaria. No es que la gente no note los errores: es que la narrativa de pertenencia los reencuadra como ataques externos antes de que puedan procesarse como fallos propios.
La ironía es visible: los líderes del movimiento tienen atención médica privada de primer nivel, protección de Estado las 24 horas y un estilo de vida que no tiene ninguna relación con la del ciudadano que viaja en combi. Pero la estética funciona porque la percepción de similitud no depende de la realidad material, sino del lenguaje y los símbolos.
III. Palabras gatillo: cuando el nombre del enemigo interrumpe el pensamiento
La psicología conductual lleva décadas estudiando cómo ciertos estímulos generan respuestas automáticas que preceden al análisis consciente; Ivan Pavlov lo demostró en 1897 condicionando a perros para salivar ante una campana que anticipaba comida, sin que hubiera comida presente. En la política, este mecanismo tiene una versión verbal: las llamadas “palabras gatillo”, términos tan cargados emocionalmente que, al pronunciarse, desplazan la capacidad de evaluar hechos concretos y activan en cambio una respuesta de defensa tribal.
Las conferencias matutinas de la presidencia convirtieron este recurso en el eje de la comunicación de crisis. Las palabras “neoliberal”, “prianista”, “conservador”, “financiado desde el extranjero” no funcionan como argumentos: funcionan como interruptores. Cuando se aplican a quien señala un problema, el debate deja de ser sobre el problema y se convierte en un debate sobre quién es el que señala.
El caso de Segalmex lo ilustra con claridad. El organismo acumuló uno de los desfalcos más documentados del sexenio, con estimaciones que la Auditoría Superior de la Federación situó en torno a los 9,000 millones de pesos en irregularidades. Se trata de recursos destinados a garantizar la alimentación de los sectores más vulnerables del país. La respuesta oficial, sin embargo, rara vez fue una auditoría transparente con datos concretos. Fue, en cambio, la etiqueta: el periodista o el medio que publicó la investigación era “un emisario del conservadurismo” o “un instrumento del viejo régimen”.
El cortocircuito cognitivo que produce esta operación es eficaz precisamente porque no necesita ser falso del todo. Existen medios con agendas editoriales cuestionables. Existen intereses que se benefician de desestabilizar gobiernos de izquierda. Pero la utilidad política de la etiqueta no es distinguir entre críticas honestas y manipuladas: es eliminar la distinción y hacer que el costo de analizar los hechos parezca mayor que el de defenderlos.
IV. La impunidad como equilibrio: por qué los expresidentes no van a la cárcel
Para entender por qué la corrupción estructural en México no desaparece con los cambios de régimen, es útil recurrir a la teoría de juegos, rama de las matemáticas que estudia cómo actores racionales toman decisiones cuando el resultado de cada uno depende de lo que hacen los demás: específicamente a la idea del equilibrio, ese estado en el que los actores de un sistema no tienen incentivos para cambiar su conducta de manera unilateral, porque hacerlo solo perjudicaría a quien se mueve primero.
Durante la campaña de 2018, la promesa de enjuiciar a los expresidentes fue el argumento central. Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas: el reclamo de justicia retroactiva movilizó a millones. Ya en el poder, se organizó incluso una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía si la ley debía aplicarse a los exmandatarios.
Años después, ningún expresidente ha sido procesado con rigor. Enrique Peña Nieto vive en Europa sin una sola investigación activa que amenace seriamente su patrimonio. El caso Lozoya y la red de sobornos de Odebrecht, que prometía ser la pieza que detonara el andamiaje completo del viejo régimen, terminó en filtraciones mediáticas fragmentadas, negociaciones opacas y acuerdos donde los principales responsables permanecieron intocados.
¿Por qué? La respuesta más honesta no es la traición ideológica, aunque también puede haber algo de eso. Es la lógica del equilibrio. El sistema político mexicano opera históricamente bajo un pacto no escrito de impunidad transaccional: si el gobierno en turno usa todo el aparato del Estado para encarcelar a la cúpula del régimen anterior, rompe la regla de oro que protege a todos. Abre la puerta para que, cuando ellos pierdan el poder, sus propios operadores, legisladores y familiares sean procesados por la administración siguiente.
Además, la maquinaria hegemónica nueva necesita personal experimentado. El famoso “chapulineo” no es anecdótico ni accidental: es estructural. Muchos de los gobernadores, legisladores y operadores clave de Morena provienen directamente de las filas más duras del PRI y del PAN. Su incorporación tiene un costo: no puedes perseguir a fondo al viejo régimen cuando parte de tu propia estructura es el viejo régimen.
El resultado es un equilibrio estable, aunque profundamente injusto: todos los actores relevantes del sistema político tienen más que perder que ganar si el mecanismo de impunidad se rompe. Se puede hacer campaña prometiendo justicia histórica. Se puede gobernar administrando cuidadosamente a quién se persigue y a quién no. Y la sociedad espera una ruptura del ciclo que, en realidad, nunca estuvo en el guion.
La utilidad de entender el juego
Nada de lo descrito en este artículo es exclusivo de Morena. La Ventana de Overton la han movido todos los gobiernos con poder suficiente. Las palabras gatillo las usó el PRI durante décadas antes de que se llamaran así. El pacto de impunidad es anterior a la República. Lo que cambia es la intensidad, la velocidad y los instrumentos disponibles en cada época.
Lo que sí es nuevo es la escala y la velocidad a la que estos mecanismos operan en la era de las redes sociales y las mañaneras diarias. Un escándalo que hace veinte años tardaba semanas en diluirse, hoy puede quedar sepultado en cuarenta y ocho horas bajo una avalancha de memes, descalificaciones presidenciales y conversaciones paralelas que lo desplazan del centro de atención.
Entender los mecanismos no significa volverse cínico ni asumir que todo es equivalente. Hay decisiones de política pública que producen mejores o peores resultados para la gente concreta. Hay niveles de corrupción que no son comparables. Hay momentos en que vale la pena tomar partido y defenderlo.
Pero creer que el grupo en el poder es un movimiento mesiánico incapaz de cometer errores, o que la oposición es la fuente de todos los males, son dos versiones del mismo error: ceder la capacidad de análisis a la fe tribal. Y esa cesión es exactamente lo que hace que estos mecanismos funcionen.
La única herramienta que tenemos como ciudadanos contra una maquinaria de este tipo es la disposición a aplicar los mismos estándares de escrutinio sin importar el color del que esté en el poder. Suena simple. Es, en la práctica, enormemente difícil. Pero es el único punto de quiebre que el sistema no puede administrar fácilmente desde arriba.
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